En un mundo donde la corrupción parece ser una constante, existe una herramienta poderosa que todos poseemos y que puede cambiar el curso de las cosas: la denuncia. Este acto, a menudo subestimado, tiene el potencial de desencadenar una serie de eventos que pueden llevar a la justicia y a la erradicación de la corrupción. En este artículo, indagaremos cómo la denuncia se convierte en un elemento activo en la lucha contra la corrupción, y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a esta batalla por la justicia.

La Denuncia: un camino hacia la justicia

La denuncia ha emergido como una herramienta vital y efectiva en el arsenal corporativo para combatir la corrupción. Su poder radica en su capacidad para exponer cualquier acción irregular que contradiga los códigos de ética y las directrices institucionales de manera oportuna, superando incluso la eficacia de los sistemas internos de alerta. Según diversos estudios, incluyendo uno de PricewaterhouseCoopers en 2014, la mayoría de los casos de violaciones o amenazas a la ética e integridad corporativa se descubren gracias a la información proporcionada por los propios miembros de las organizaciones, siendo los empleados los que más alertas generan.

Además de exponer las irregularidades, la denuncia actúa como un disuasivo potente que inhibe a los actores fraudulentos de cometer delitos, dado que existe una alta probabilidad de ser identificados por su círculo más cercano y, a través de la acción de los denunciantes, quedar expuestos ante sus superiores o autoridades. Considerando que una empresa promedio puede perder hasta el 5% de sus ingresos anuales por incidentes de fraude (UNODC, 2016), y que la denuncia es el mecanismo más eficiente para su detección, es imperativo que las organizaciones intensifiquen sus esfuerzos para implementar canales de denuncia accesibles para todos los miembros de la organización y sus diversos grupos de interés.

Sin embargo, a pesar de los claros beneficios de los canales de denuncia, los esfuerzos se han centrado más en los instrumentos y canales de acceso, que en las personas que pueden proporcionar información sobre fraudes e irregularidades, es decir, los denunciantes. Esto a menudo pasa por alto el papel crucial que desempeñan en el sistema en la lucha activa contra la corrupción. Por lo tanto, se han descuidado aspectos que permiten a los actores presentar sus denuncias con pleno conocimiento de las consecuencias que conllevan y de los mecanismos previstos para garantizar su seguridad.

En este contexto, es absolutamente necesario entender la protección al denunciante como un componente esencial de un mecanismo de denuncia óptimo, donde la confianza es la base del éxito. Esto es especialmente relevante en una cultura donde al denunciante se le asigna una carga valorativa negativa que lo hace aún más susceptible a vulneraciones en su entorno.

Estudios demuestran que las denuncias interpuestas por personas permiten identificar con mayor eficacia hechos de corrupción, por encima de cualquier sistema de alertas internas. PwC, 2014

La protección al denunciante:

La protección al denunciante, un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, se centra en salvaguardar a aquellos que denuncian actos ilícitos. En esta sección, desglosamos (a quién se protege), (de quién se protege) y (de qué se protege).

¿A quién se protege?

La protección al denunciante abarca a cualquier individuo que revele información que evidencie una conducta ilegal o que viole los lineamientos éticos y organizacionales. Esta protección es crucial, ya que la persona que denuncia puede enfrentar riesgos a su integridad laboral, física o emocional debido a posibles amenazas o represalias.

Aunque los empleados son a menudo los denunciantes más comunes, debido a su proximidad al funcionamiento interno de la organización, la protección no se limita a ellos. Los denunciantes pueden ser miembros de la junta, accionistas, clientes, proveedores, entre otros. En resumen, cualquier individuo vinculado a la organización o impactado por sus acciones puede ser un denunciante y requerir protección, aunque esta pueda tener un carácter diferencial.

Es fundamental que todos los denunciantes, independientemente de su vínculo con la organización, estén protegidos bajo los principios de confidencialidad y anonimato. Si estos principios se vulneran y se llega a conocer al denunciante y la información suministrada, el individuo podría ser susceptible de amenazas o represalias. En tal caso, se deberían desencadenar medidas activas de protección. Sin embargo, la implementación de estas medidas tiene un alcance limitado, ya que depende de las posibilidades y recursos de la empresa.

En lugar de elaborar una lista concreta, es importante tener claridad sobre la caracterización general de los tipos de denunciantes que tiene la organización. Salvaguardar la identidad y mantener siempre el anonimato es esencial para disponer de forma eficiente los canales de denuncia necesarios, procurando siempre un acceso sencillo y amplio para todos.

¿De quién se protege?

La protección al denunciante se extiende a cualquier actor, ya sea interno o externo a la organización, que pueda afectar de manera culposa o dolosa la estabilidad laboral, así como la integridad física y emocional del denunciante. Aunque en la mayoría de los casos es fácil identificar al actor que pone en riesgo al denunciante debido a su clara intención de causar daño, a menudo es necesario proteger al denunciante de actuaciones culposas. Estas son acciones de aquellos sujetos que, de manera inadvertida o sin intención manifiesta, pueden vulnerar la integridad del denunciante.

Esto puede incluir a compañeros de trabajo, investigadores o actores que intervienen en el proceso de denuncia y que, por falta de pericia o conocimientos básicos del tema, pueden generar ambientes adversos para el denunciante, filtrar información o indisponer a la comunidad frente al caso, entre otros ejemplos.

A pesar de que las estrategias deben contemplar las situaciones mencionadas, el énfasis y la prioridad deben orientarse hacia las acciones que puedan emprenderse de forma dolosa, es decir, aquellas que tengan la plena intención de impactar laboral, física o emocionalmente al denunciante.

En los ambientes empresariales, el victimario suele formar parte de la organización, mantener un contacto constante con el denunciante e incluso puede llegar a tener una relación asimétrica de poder. Esta última circunstancia magnifica la posibilidad del riesgo y destaca la importancia del anonimato y del profesionalismo del equipo que recibe e investiga la denuncia para manejar la información en estricta confidencialidad, incluso cuando es solicitada por un superior o directivo.

¿De qué se protege?

La protección al denunciante se extiende más allá de la seguridad física y laboral. En el proceso de denuncia, factores culturales pueden complicar la acción de los denunciantes. Como señala Alfredo Behrens (2015), los valores colectivistas en Latinoamérica pueden hacer que la denuncia sea percibida como un acto individualista que rompe los lazos de solidaridad en la empresa. Esto puede generar un daño al ambiente laboral, causando traumatismos a la organización y estigmatización al denunciante (Corporación Transparencia por Colombia, 2020).

En las estructuras organizacionales, valores como la lealtad y confidencialidad pueden malinterpretarse, resultando en una percepción negativa del denunciante, a quien se puede ver como un delator o traidor. Esta perspectiva negativa, junto con otras actuaciones que amenazan la integridad del denunciante, deben ser consideradas en los marcos de protección. Estos marcos están obligados a implementar estrategias necesarias para garantizar la seguridad de los actores.

Esencialmente, se protege al denunciante de cualquier actuación, ya sea culposa o dolosa, que pueda amenazar su estabilidad laboral, así como su integridad física y emocional. Sin embargo, la protección también debe extenderse a la preservación de la reputación del denunciante y a la prevención de la estigmatización dentro de la organización. En resumen, la protección al denunciante es un enfoque integral que abarca múltiples aspectos de la seguridad y el bienestar del individuo.

Riesgos a los que se expone el denunciante:

De forma general los denunciantes suelen estar expuestos a los riesgos y represalias veamos algunos; (DIRECTIVA (UE) 2019/1937)

• Suspensión, despido, destitución.
• Degradación o denegación de ascensos.
• Cambio de puesto de trabajo, cambio de ubicación del lugar de trabajo, reducción salarial o cambio del horario de trabajo.
• Denegación de formación.
• Evaluación o referencias negativas con respecto a sus resultados laborales.
• Imposición de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra sanción, incluidas las sanciones pecuniarias.
• Coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo.
• Discriminación, o trato desfavorable o injusto.
• No renovación o terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal
• Anulación de una licencia o permiso.
• Referencias negativas en la proyección profesional.
• Riesgo a la integridad física del denunciante y/o de su círculo cercano.

Legislación y protección al denunciante:

En Colombia, la protección a los denunciantes es un tema de creciente importancia y existen varias leyes y regulaciones que abordan este tema.

Ley 1952 de 2019:

La Ley 1952 de 2019, también conocida como el Código General Disciplinario, es una normativa colombiana que protege a los servidores públicos que denuncian actos de corrupción o cualquier otra irregularidad. Esta ley establece que cualquier acto que atente contra la moralidad pública se considerará una falta disciplinaria.

La ley reconoce la dignidad humana y establece que cualquier persona que intervenga en una actuación disciplinaria será tratada con el respeto debido a la dignidad humana. Además, la ley otorga a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, incluyendo a los servidores públicos de elección popular.

Ley 1266 de 2008 y Ley 1581 de 2012:

La Ley 1266 de 2008 y la Ley 1581 de 2012 son dos normativas colombianas que se centran en la protección de datos personales, lo cual es crucial para la protección de la identidad de los denunciantes.

Estas leyes son fundamentales para la protección de la identidad de los denunciantes, ya que garantizan el derecho a la confidencialidad y al anonimato, aspectos esenciales para evitar represalias y garantizar la seguridad de los denunciantes.

Proyecto de Ley “Pedro Pascasio Martínez” No. 08 2019:

Es una iniciativa legislativa en Colombia que busca fortalecer los mecanismos de análisis e incentivos para combatir y prevenir la corrupción. Este proyecto de ley tiene un enfoque preventivo y busca promover la transparencia, establecer medidas para lograr una mayor efectividad y articulación del Estado en la lucha contra la corrupción, con el fin de asegurar una mayor integridad y recuperar la confianza ciudadana.

Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto de ley es su enfoque en la protección de los denunciantes de actos de corrupción. Según los comentarios de la Corporación Transparencia por Colombia al proyecto de ley, se considera que las temáticas abordadas por el proyecto de ley son muy relevantes para el contexto actual de lucha contra la corrupción en el país, en particular lo relacionado con la delación y protección de denunciantes de actos de corrupción.

Cultura corporativa y denuncia:

Una cultura corporativa puede fomentar la denuncia al crear un ambiente de trabajo donde los empleados se sienten seguros, apoyados y capacitados para denunciar comportamientos corruptos. Una cultura corporativa abierta y transparente puede fomentar la denuncia de varias maneras:

Promoviendo la transparencia:

Una empresa transparente es aquella que comparte abiertamente información sobre sus operaciones, políticas y procedimientos. Esto incluye detalles sobre su estructura organizativa, sus objetivos y metas, sus políticas de ética y conducta, y sus resultados financieros. Cuando una empresa es transparente, los empleados tienen una mejor comprensión de cómo se toman las decisiones y de cómo su trabajo contribuye al éxito de la empresa.

Esto puede fomentar un sentido de pertenencia y compromiso, lo que a su vez puede hacer que los empleados se sientan más cómodos para denunciar cualquier comportamiento corrupto que observen.

Fomentando la comunicación abierta:

Un ambiente de trabajo donde se alienta a los empleados a expresar sus preocupaciones y opiniones puede facilitar la denuncia. Esto puede lograrse a través de reuniones regulares de equipo, encuestas de satisfacción del empleado, buzones de sugerencias y canales de comunicación abiertos. Cuando los empleados sienten que pueden hablar abierta y honestamente sin temor a represalias, es más probable que denuncien comportamientos corruptos.

Estableciendo políticas claras:

Las empresas pueden establecer políticas claras sobre la corrupción y la denuncia. Estas políticas deben ser comunicadas a todos los empleados y se debe proporcionar formación sobre cómo denunciar comportamientos corruptos. Las políticas deben ser claras, concisas y fácilmente accesibles para todos los empleados. Además, deben incluir detalles sobre cómo y dónde denunciar comportamientos corruptos, qué sucede después de que se hace una denuncia y cómo se protege a los denunciantes.

Garantizando la confidencialidad y protección:

Los empleados son más propensos a denunciar comportamientos corruptos si saben que su identidad será protegida y que no enfrentarán represalias. Esto puede lograrse a través de políticas de confidencialidad, canales de denuncia anónimos y medidas de protección para los denunciantes. Las empresas también deben tomar medidas para prevenir y sancionar las represalias contra los denunciantes.

Implementando canales de denuncia efectivos:

Las empresas pueden establecer varios canales de denuncia, como líneas directas, buzones de sugerencias y plataformas en línea, para facilitar el proceso de denuncia. Estos canales deben ser fácilmente accesibles, confidenciales y seguros. Además, deben ser monitoreados y gestionados por personal capacitado que pueda manejar las denuncias de manera efectiva y profesional.

LÍNEA ÉTICA, el servicio dedicado a facilitar la denuncia de conductas inapropiadas o ilegales de manera completamente anónima. Este canal de comunicación seguro y confidencial permite a los individuos expresar sus preocupaciones sin temor a represalias, contribuyendo así a un ambiente de trabajo más transparente y ético.

Demostrando la voluntad de actuar:

Si los empleados ven que las denuncias son tomadas en serio y que se toman medidas para abordar los comportamientos corruptos, estarán más dispuestos a denunciar. Esto puede lograrse a través de una respuesta rápida y efectiva a las denuncias, investigaciones exhaustivas y justas, y acciones apropiadas contra los responsables de la corrupción.

La protección al denunciante es un componente esencial en la lucha contra la corrupción. Los denunciantes desempeñan un papel crucial al exponer comportamientos corruptos y actos ilegales, y su protección es fundamental para fomentar un ambiente de transparencia y responsabilidad.

Las empresas tienen un papel importante que desempeñar en la creación de una cultura corporativa que fomente la denuncia y proteja a los denunciantes. Esto incluye la implementación de políticas claras, la promoción de la comunicación abierta, y la garantía de la confidencialidad y la protección de los denunciantes.

Los legisladores también tienen la responsabilidad de establecer un marco legal sólido que proteja a los denunciantes. Esto incluye leyes que garantizan la confidencialidad y el anonimato de los denunciantes, así como medidas que protegen a los denunciantes de las represalias.

Finalmente, cada individuo tiene el poder de marcar la diferencia. Al denunciar comportamientos corruptos y actos ilegales, podemos contribuir a la creación de una sociedad más justa y transparente. Juntos, podemos hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción.

En Risks International, nos comprometemos a ofrecer una gama completa de servicios diseñados para ayudar a las empresas a fomentar un ambiente de trabajo de alta calidad y libre de corrupción. Nuestro objetivo es facilitar la creación de un entorno laboral ético y transparente, donde cada empleado pueda desempeñarse al máximo de su potencial. Ofrecemos herramientas y recursos para prevenir, detectar y abordar la corrupción, asegurando que las empresas puedan operar con integridad y responsabilidad.

Creemos firmemente que un ambiente de trabajo libre de corrupción no solo es beneficioso para los empleados, sino que también contribuye al éxito y la sostenibilidad a largo plazo de la empresa.

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Fuentes:

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34488

Corporación Transparencia por Colombia

Autor: Luisa Caicedo