Telefónica Venezolana CA, una de las filiales clave de la multinacional, ha llegado a un acuerdo con las autoridades para pagar 85 millones de dólares debido a cargos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Este caso destaca la evolución continua del cumplimiento corporativo y la aplicación de la FCPA. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de esta situación?
“Telefónica Venezolana, una filial y representante de una empresa estadounidense, se involucró en prácticas corruptas al sobornar a funcionarios venezolanos para obtener acceso a dólares estadounidenses y así mantener su competitividad en el mercado de telecomunicaciones,” declaró Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. “Estos sobornos fueron canalizados por intermediarios a través de cuentas bancarias en Estados Unidos. Nuestra oficina no permitirá que el sistema financiero estadounidense sea utilizado para enriquecer a funcionarios extranjeros corruptos y a las empresas que perpetúan tales prácticas.”
El Departamento de Justicia anunció el acuerdo, destacando que se trata de una medida típica de cumplimiento de la FCPA. Las acusaciones indican que, en 2014, la filial venezolana de Telefónica estableció contratos de consultoría falsos con intermediarios para sobornar a funcionarios del gobierno durante una subasta de divisas. Telefónica transfirió aproximadamente 29 millones de dólares en pagos corruptos a esos intermediarios y, a cambio, obtuvo la mayor parte de la moneda que el gobierno venezolano había puesto a la venta.
¿Cuál era el modus operandi de Telefónica?
Telefónica obtenía ingresos de sus clientes en bolívares venezolanos, una moneda que, debido a la situación económica del país, no tiene mucho valor práctico. Para enfrentar este problema, el gobierno venezolano organiza subastas periódicas que permiten a las empresas convertir sus bolívares en dólares estadounidenses. Estos dólares son esenciales para las empresas, ya que les permiten comprar equipos y servicios de sus proveedores, quienes prefieren transacciones en dólares.
El esquema de corrupción funcionaba de la siguiente manera: la filial venezolana de Telefónica contrató a dos de sus proveedores para que realizaran pagos por 28,9 millones de dólares a un intermediario y a su empresa ficticia. Este intermediario, a su vez, sobornó a funcionarios gubernamentales venezolanos.
Cuando se llevó a cabo la subasta, el gobierno venezolano adjudicó a Telefónica 110 millones de dólares, lo que representó aproximadamente el 65% de todos los dólares disponibles en esa subasta. Telefónica utilizó esos dólares para pagar a sus proveedores mediante la compra de equipos a precios inflados, ocultando así los sobornos en sus transacciones comerciales.
Las consecuencias del cumplimiento inadecuado:
Telefónica ha firmado un acuerdo de suspensión del proceso judicial por tres años. Este caso ilustra la importancia de contar con programas de cumplimiento efectivos y oportunos.
Respuesta insuficiente inicial:
- La empresa no reveló voluntariamente su mala conducta, lo que le impidió obtener créditos por colaboración.
- Además, no presentó la evidencia requerida de manera oportuna, afectando los esfuerzos del Departamento de Justicia.
Antecedentes previos:
- Telefónica ya había llegado a un acuerdo civil en 2019 con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. por infracciones relacionadas con la FCPA en su filial brasileña.
- Resultó en una multa de 4,25 millones de dólares.
Mejoras en la cooperación:
- Telefónica comenzó a cooperar, presentando hechos descubiertos durante su investigación interna.
- Facilitó entrevistas con empleados extranjeros y proporcionó una cantidad significativa de documentos, pese a las restricciones de las leyes extranjeras de privacidad de datos.
Medidas correctivas:
- Despidió a los empleados involucrados en las irregularidades.
- Nombró a un director de cumplimiento con acceso directo al comité de auditoría.
- Revisó su proceso de aprobación de transacciones con precios no estándar.
Determinación de la sanción:
- Según las Directrices de Sentencias de EE. UU., la sanción penal para los delitos de Telefónica podría haber sido de entre 101 y 203 millones de dólares.
- El Departamento de Justicia estableció la sanción en el percentil más bajo de ese rango, es decir, 106,1 millones de dólares.
- Debido a la posterior cooperación y las mejoras en el programa de cumplimiento, la sanción se redujo en un 20%, resultando en una multa final de 85 millones de dólares.
Fraude facilitado por proveedores:
Uno de los aspectos más relevantes de este caso es cómo Telefónica se alió con sus proveedores para llevar a cabo el esquema de sobornos, algo inusual ya que generalmente las empresas trabajan directamente con intermediarios corruptos. En este caso, Telefónica añadió una capa extra de complejidad al involucrar a sus proveedores en el proceso.
¿Cómo pueden los responsables de cumplimiento abordar un riesgo de corrupción de esta naturaleza?
- Para mitigar este tipo de riesgos, es crucial extender los procedimientos de diligencia debida a todos los proveedores que podrían estar involucrados en un esquema de corrupción, no solo a los intermediarios tradicionales como agentes comerciales o consultores.
- La clave está en la implementación de estas medidas. El equipo de cumplimiento debe trabajar estrechamente con el departamento de compras para integrar los procedimientos anticorrupción en los procesos de adquisición y gestión de contratos.
- Supervisar las transacciones con los proveedores para detectar precios inflados que podrían esconder fondos ilícitos. Aunque los equipos de cumplimiento ya cuentan con requisitos detallados de documentación para agentes externos, estos procedimientos deben extenderse también a la compra de equipos, lo que puede requerir análisis avanzados y conocimientos sobre precios de mercado.
La importancia de tener un programa de cumplimiento robusto y efectivo:
¿Qué tal si Telefónica hubiera implementado un sólido programa de cumplimiento normativo desde el principio? Un programa así habría permitido una autodeclaración voluntaria, una cooperación plena desde el inicio y la aplicación de todas las medidas correctivas necesarias.
Con un programa de cumplimiento eficaz, Telefónica habría cumplido con los criterios de la Política de Cumplimiento Corporativo del Departamento de Justicia. Esto no solo habría fortalecido la integridad de la empresa, sino que también habría facilitado una resolución más favorable del caso, minimizando el daño reputacional y financiero.
Este escenario resalta que un programa de cumplimiento bien estructurado no solo previene infracciones, sino que también promueve una cultura de transparencia y responsabilidad dentro de la empresa. Además, en la mayoría de las acciones de cumplimiento de la FCPA, es necesario renunciar a los ingresos obtenidos de manera ilícita. Un sólido programa de cumplimiento es una inversión valiosa que protege a la empresa y fomenta la integridad y la sostenibilidad a largo plazo.
El caso de Telefónica es una alarma para todas las empresas que aún no priorizan la integridad en sus operaciones. Este incidente destaca la urgencia de implementar y mantener programas de cumplimiento robustos y efectivos. No se trata solo de evitar sanciones económicas, sino de construir una cultura empresarial basada en la transparencia y la responsabilidad. La complejidad del cumplimiento normativo y los desafíos que presenta no pueden ser subestimados. Cada empresa debe tomar medidas proactivas para prevenir y detectar fraudes.
Es imperativo que las organizaciones inviertan en la creación de sistemas de control sólidos. Un programa de cumplimiento fuerte no solo protege a la empresa de posibles escándalos, sino que también fortalece su reputación y garantiza su sostenibilidad a largo plazo.
Para lograr estos objetivos, Risks International ofrece servicios especializados en la implementación de programas de cumplimiento normativo. Su experiencia y dedicación aseguran que las empresas puedan construir sistemas de control eficaces que prevengan la corrupción y fomenten una cultura de transparencia. Invertir en un programa de cumplimiento robusto no solo es una medida preventiva, sino una estrategia que aporta valor a la organización a largo plazo.
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Redacción: Luisa Caicedo
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