El derecho a la información pública, consagrado en la Constitución colombiana, es un pilar fundamental de toda democracia. Sin embargo, en Colombia, este derecho, aunque reconocido legalmente, enfrenta múltiples obstáculos que limitan el acceso de los ciudadanos a información vital para ejercer su control sobre las instituciones públicas. A pesar de la promulgación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, la realidad es que muchos colombianos aún encuentran dificultades para conocer cómo se gestionan los recursos públicos y cómo se toman las decisiones que afectan sus vidas.
¿Cuál es la causa de que acceder a esa información sea difícil?
Existen varias razones por las que es complicado acceder a esta información. En primer lugar, las páginas institucionales a menudo están desactualizadas, algunas de ellas no han reportado nueva información en años. Además, la mayoría de estos sitios son difíciles de usar y requieren un alto nivel de pericia para navegar entre múltiples pestañas y botones. Frecuentemente, los usuarios se enfrentan a mensajes de “error”, lo que agrava aún más la situación.
Además, fuera del ámbito digital, los derechos de petición suelen ser rechazados, o la información proporcionada es incompleta, mal redactada o está tachada. En muchos casos, los ciudadanos pueden ser amenazados simplemente por solicitar dicha información. Estas barreras no solo dificultan el acceso, sino que también socavan la transparencia y la confianza pública en las instituciones.
El marco legal y sus limitaciones:
Hace una década, se promulgó la Ley de Transparencia, que obliga a todas las entidades públicas y empresas que manejan recursos públicos a hacer accesible su información. Esta ley permitió la creación de nuevas páginas y plataformas oficiales para la publicación de datos. Aunque hoy en día existe una mayor cantidad de información disponible, la calidad y accesibilidad de esta información aún dejan mucho que desear.
La Ley 1712 de 2014 representó un avance significativo en la consolidación del derecho a la información en Colombia. No obstante, su implementación ha sido desigual y ha enfrentado numerosos desafíos. Los decretos reglamentarios, diseñados para operacionalizar la ley, han sido criticados por su complejidad y ambigüedad. Además, la falta de recursos y capacidades en las entidades públicas ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley.
¿Quiénes deben hacer pública la información de interés ciudadano?
Desde el gobierno de Santos, y bajo la influencia de Estados Unidos y la OCDE, la transparencia y el gobierno abierto se incorporaron a la agenda pública en Colombia. El Estado se ha convertido en un gran repositorio de información, generando y publicando datos demográficos, contratos, presupuestos y mucho más.
Están obligados por ley a tener secciones de “Transparencia” en sus páginas web:
- Entidades del Estado: Todas las instituciones gubernamentales deben ofrecer acceso a su información.
- Partidos Políticos: Deben proporcionar datos que permitan a los ciudadanos seguir sus actividades y financiamiento.
- Contratistas Públicos: Empresas y personas que manejan recursos públicos deben reportar sus transacciones y operaciones.
Estas secciones permiten a los ciudadanos hacer seguimiento a cómo se gastan los recursos públicos. Normalmente, se encuentran menús desplegables con información sobre:
- La estructura y directorio de la entidad.
- La normativa que la rige.
- Los estados financieros.
- Los contratos ejecutados.
Sin embargo, muchas de estas páginas siguen siendo de difícil acceso para el ciudadano común, ya que su navegación puede ser compleja y a menudo se enfrentan a problemas técnicos.
¿Las entidades están cumpliendo plenamente con la Ley de Transparencia?
A nivel nacional, algunas entidades como la Presidencia o las Cortes cumplen con la Ley de Transparencia publicando sus planes de compras, presupuestos y contratos ejecutados. Sin embargo, hay contadas excepciones donde, por ejemplo, la sección de contratos ejecutados de la Cámara de Representantes muestra un mensaje de “error”.
En contraste, muchas entidades regionales y locales son menos rigurosas:
- Alcaldía de Arauquita: Tiene todos sus planes de adquisiciones desde 2016, pero no ha publicado nada sobre sus contratos ejecutados.
- Alcaldías de Caloto (Cauca), Montelíbano (Córdoba), Bello (Antioquia), Ovejas (Sucre), Floridablanca (Santander) y Muzo (Boyacá): Tienen su página de ejecución contractual en blanco.
- Capitales Departamentales: La alcaldía de Manizales solo publica sus contratos de 2020 a 2022, la de Tunja hasta el segundo trimestre de 2023, y la de Bucaramanga tiene datos exclusivamente sobre el primer semestre de 2023. Otras, como la de Puerto Carreño, no publican nada.
Las gobernaciones siguen un patrón similar:
- Gobernación de Amazonas: Solo tiene información de 2021.
- Gobernación de Chocó: Apenas publicó una tabla salarial y una lista de contratistas para 2018 y 2019.
- Gobernación de Sucre: Solo subió contratos para 2023.
- Gobernación de Vichada: Está vacía.
- Gobernación de Magdalena: Muestra un mensaje de “error” en la pantalla.
En general, estas entidades redirigen automáticamente al ciudadano a consultar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), la plataforma de la Agencia Nacional de Contratación Pública que reúne los registros de los contratos que firma el Estado.
¿Por qué las entidades públicas presentan datos de baja calidad?
Publicar datos no es lo mismo que ofrecer información útil para la ciudadanía. Aquí están algunas de las causas principales de la baja calidad de datos en las entidades públicas:
- Datos no interoperables: Según Camilo González, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes, “La calidad de la información falla tanto a nivel nacional como local. Los datos se publican de formas que la gente no entiende ni los puede usar, no son interoperables. Hacerle veeduría a los recursos públicos a punta de formatos que no coinciden es difícil.”
- Errores en los contratos: Tatiana Velásquez destaca que los contratos están llenos de errores de digitación, campos en blanco o duplicaciones, lo que dificulta el análisis. “Todo el sistema está montado para que uno no pueda seguir la plata pública.”
- Falta de verificación: No hay mecanismos claros para verificar la veracidad ni la precisión de los datos porque la Procuraduría, encargada de supervisar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, no tiene la capacidad para controlar a las más de 50,000 entidades obligadas a informar.
- Ausencia de mecanismos de contraste: Marcela Restrepo señala, “A los municipios nadie los revisa. Debería haber mecanismos de contrastación, así sean muestrales, pero no hay control.” Además, mucha información clave se pierde entre plataformas como Secop I, Secop II y Datos Abiertos.
- Complicaciones en el Gobierno Central: Seguirle el paso al dinero público se complica debido a la forma en que se organizan y publican las cuentas. Margarita “Paca” Zuleta, exdirectora de la Agencia Nacional de Contratación Pública, explica: “El presupuesto, que debería ser el documento más importante para hacerle seguimiento al Estado, está dividido en inversión y funcionamiento. Eso no te dice nada, son cifras que la gente no entiende.”
- Datos no prioritarios: Para las entidades del Estado, los datos no son una prioridad. Según Juan Diego Castañeda, codirector de la Fundación Karisma, muchas instituciones locales y regionales tienen otros problemas más graves, como lidiar con el conflicto armado, que hace que el tema del acceso a la información pública pase a un segundo plano.
- Falta de control de calidad: No hay una entidad que controle la calidad de lo que se sube a las páginas. Las entidades comparten los datos en sus propios formatos y responden que no hacen análisis estadísticos o conteos porque “no es su responsabilidad,” según Castañeda.
En conclusión, la opacidad y la falta de control sobre la calidad de los datos abren más espacio para la corrupción. Sin una información clara y accesible, la ciudadanía no puede ejercer una vigilancia efectiva sobre el uso de los recursos públicos.
Las barreras al acceso a la información:
La opacidad en la gestión pública colombiana se debe a una combinación de factores interrelacionados. Entre los principales obstáculos se encuentran:
- La falta de voluntad política: En muchos casos, los funcionarios públicos prefieren mantener la información oculta para proteger sus intereses o los de grupos de poder.
- La incapacidad institucional: La debilidad institucional, la falta de personal capacitado y la escasez de recursos limitan la capacidad de las entidades para generar y difundir información.
- La complejidad de los sistemas: Los sistemas de información utilizados por las entidades públicas suelen ser complejos y difíciles de navegar, lo que dificulta el acceso a la información por parte de los ciudadanos.
- La cultura del secretismo: La cultura organizacional de muchas entidades públicas se caracteriza por el secretismo y la resistencia al cambio.
Las consecuencias de la opacidad:
La falta de transparencia tiene graves consecuencias para la sociedad colombiana. Entre ellas se destacan:
- Corrupción: La opacidad facilita la comisión de actos de corrupción, al dificultar el seguimiento de los recursos públicos y la identificación de posibles irregularidades.
- Desconfianza ciudadana: La falta de acceso a la información genera desconfianza en las instituciones y socava la legitimidad del Estado.
- Pérdida de oportunidades: La opacidad impide a los ciudadanos participar de manera efectiva en los procesos de toma de decisiones y limita el desarrollo de iniciativas locales.
Colombia hacia una mayor transparencia:
El acceso a información pública de calidad es vital para una democracia. Para superar los desafíos actuales y garantizar el derecho a la información, es necesario implementar una serie de medidas:
- Fortalecer la Procuraduría: La Procuraduría General de la Nación debe contar con los recursos y la autonomía necesarios para ejercer un control efectivo sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia.
- Crear un organismo autónomo de transparencia: La creación de un organismo independiente encargado de promover y garantizar el derecho a la información podría contribuir a fortalecer los mecanismos de control.
- Capacitar a funcionarios públicos y ciudadanos: Es fundamental capacitar a los funcionarios públicos en temas de transparencia y a los ciudadanos en el ejercicio de su derecho a acceder a la información.
- Establecer mecanismos de participación ciudadana: La participación de la ciudadanía en los procesos de control social es esencial para garantizar la transparencia.
- Invertir en tecnología: Implementar sistemas de información modernos y accesibles para facilitar el acceso a la información.
- Promover el uso de tecnologías de la información: La implementación de herramientas tecnológicas puede facilitar el acceso a la información y mejorar la eficiencia de los procesos.
El derecho a la información pública es un derecho fundamental que debe ser garantizado en Colombia. Sin embargo, la realidad actual muestra que aún queda mucho por hacer. Para avanzar hacia una sociedad más transparente y democrática, es necesario un compromiso firme por parte de las autoridades, de la sociedad civil y de todos los ciudadanos. La transparencia no es solo un requisito legal, sino una condición necesaria para construir un país más justo y equitativo.
La transparencia es un bien público que beneficia a toda la sociedad. Al garantizar el acceso a la información, estamos construyendo un país más democrático, más equitativo y próspero.
En Risks International creemos firmemente que la transparencia y la participación ciudadana son esenciales para construir una sociedad más justa y equitativa. Nos comprometemos a contribuir al desarrollo de un mejor país, trabajando incansablemente para hacer de Colombia un lugar donde la justicia, la equidad y la transparencia prevalezcan en cada rincón.
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Redacción: Luisa Caicedo
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